Por Katy García – Prensared

“Tu seguridad nos limita, nuestra resistencia es infinita…” dice la consigna que los jóvenes organizados idearon para reclamar de manera unánime su derogación. Este instrumento habilita a la policía a detener, acusar y juzgar, discrecionalmente. “Estamos muy contentos con la masividad de la marcha y dispuestos a seguir trabajando colectivamente, evaluó Bichi Luque, referente del Colectivo de Jóvenes por nuestros derechos, una de las muchas organizaciones convocantes.

Una nueva movilización de jóvenes recorrió las calles céntricas de la ciudad. El contexto es bien diferente al de marchas anteriores. La crisis institucional, provocada por el llamado narco escándalo, obligó al ministro de seguridad Alejo Paredes y al jefe de Policía Ramón Frías a presentar sus renuncias tras la detención por parte de la Justicia Federal de varios jefes acusados de mantener vínculos con el narcotráfico. Además, se están investigando las muertes anunciadas como suicidios de un hombre y una mujer policías cuyas familias denuncian como crímenes.

En ese sentido, desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, Emiliano Salguero, le dijo a este medio que el 24 de marzo reclamaron la renuncia de Paredes. “El gobierno no tiene una política de seguridad, arman una fachada para decir que hacen algo y los pibes son los más perjudicados. Eso nos preocupa, no solo que no se respetan sus derechos sino que tampoco se hace justicia como ocurrió con el  asesinato de Martín Castro cuya condena no fue acorde a lo sucedido. Y además hay un montón de causas paradas cuyos acusados son policías”, expresó.

El reclamo por la aplicación indiscriminada de varios artículos del  Código de faltas no solo es privativo de los capitalinos sino que se ha extendido a otras ciudades de la provincia donde el abuso policial es moneda corriente. Basta recordar los últimos acontecimientos ocurridos en el valle de Punilla y que son objeto de investigación por parte de la justicia. Por caso, estuvieron presentes los padres de Jorge Luis Reina, cuya muerte fue reportada como suicidio y que generó una pueblada en Capilla del Monte. “Quiero que se haga justicia por la muerte de mi hijo que fue asesinado por la policía. Ha pasado un mes y no hay ninguna novedad”, dijo su madre.

Por otra parte, desde el interior de la fuerza algunos uniformados se animaron a denunciar que eran obligados a realizar detenciones para engrosar las estadísticas y  generar una sensación de seguridad dirigida a un sector de la sociedad. El modus operandi denunciado hace más de una década consiste en la aplicación discrecional de algunos de sus artículos como el “merodeo” y la “prostitución escandalosa en la vía pública”. Los jóvenes varones y las trabajadoras sexuales fueron y siguen siendo el blanco preferido de una fuerza policial que ha renovado planteles pero no su currículo.

El abogado constitucionalista, docente e investigador Horacio Etchichuri quien desde  hace años trabaja en esta temática ponderó la creciente adhesión de jóvenes a estas manifestaciones en defensa de derechos fundamentales y dijo que cuando la policía define a una persona como sospechosa utiliza criterios discrecionales y detiene de manera preventiva. Y agregó que se trata de una medida inconstitucional porque la misma policía detiene, acusa y juzga sin que la persona pueda siquiera nombrar un abogado defensor. “Creo que el contexto actual puede tener un efecto importante siempre y cuando la ciudadanía comprenda la necesidad de que haya un control externo sistemático a un poder del estado”, afirmó.

El último dato oficial publicado en 2010 informaba de unas 40 mil detenciones anuales, una cada 12 minutos, en su mayoría jóvenes menores de 25 años y procedentes de barrios alejados del centro de la ciudad. En 2011 se informó que había bajado en un veinte por ciento. Y actualmente no se cuentan con datos nuevos situación que se reclamó en el documento leído. Estos datos refuerzan el miedo en los afectados y generan en otro sector una sensación de seguridad ficticia.

Vamos las murgas

La movilización se desplazó lentamente porque los diferentes colectivos participantes realizaban intervenciones en la calles y disfrutaban de sus místicas. Murgas de diferentes barrios y asambleas locales y del interior provincial también se hicieron presentes. En la cabecera, se ubicaron integrantes del Colectivo de Jóvenes, familiares de víctimas del gatillo fácil y algunos de los miembros de las numerosas organizaciones convocantes que se alinearon detrás.

Los cánticos “No es merodeo, es paseo”  o “el que no salta es un botón”, dirigida a los uniformados y al gobierno, resonaban por los parlantes del móvil que conducía la movida. Mientras,  “sobrevolaban dos helicópteros” de cartón que aludían a la patrulla aérea muy cuestionada no solo por lo invasiva sino por los costos. En tanto que una mujer llevaba sobre su cuerpo un cartel que decía “el único lelicóptero que brilla es el que arde”. Curiosamente no todos se pusieron  la Gorra uno de los símbolos que forma parte de un repertorio de elementos discriminatorios usados por los uniformados para detenerlos en cualquier lugar especialmente en el centro de la ciudad. En Colón y General Paz se realizó una ronda de cajones dirigida por Marco Esqueche. Otro grupo pintaba leyendas con esténciles en la calle. “Gallego sacate la peluca”, era uno de los más difundidos.

Como todos los años se realizó un acto en la explanada del Cabildo histórico y se   leyó un documento. Los  ejes centrales del texto fueron “el cese de la discriminación y la persecución permanente y violenta” que sufren los jóvenes a diario por parte de la justicia y de la policía. “Siguen siendo detenidos los pibes y las pibas de los barrios populares por portación de rostro, por la gorra, en las esquinas, cerca de las escuelas”, detalla.

“No se está pensando en nuestras necesidades”, afirman en otro tramo del informe. ¿Qué entendés por Córdoba avanza? Le enrostran directamente al gobernador José Manuel de la Sota. “Sufrimos el acoso en nuestros barrios y nos acorralan con un aparato represivo y nos etiquetan como culpables de todo” y le demandan derechos como salud, trabajo y educación.

Criticaron el “abandono de los enfermos en los hospitales de salud mental que se asemejan a campos de concentración” y denostaron a la funcionaria Amalia Chiófalo a cargo de la secretaría de Trata. “Córdoba no para de caer en un agujero negro”, respondieron al spot propagandístico largamente emitido por los medios de comunicación durante la campaña electoral.

“El estado no garantiza nuestros derechos y quieren vaciar nuestra cultura, nos acorralan con la burocracia” (…) “Estamos convencidos que la contención y presencia policial en diferentes ámbitos no garantiza seguridad para todos. No es esta la policía que queremos”, exponen. Piden que el sector político se haga una autocrítica y solicitan ser considerados como sujetos de derechos.

obre el final,  rechazaron la Ley antiterrorista, condenaron el fraude electoral denunciado por el FIT, y los atropellos a las trabajadoras sexuales.Tras cartón fueron recordados los desaparecidos y asesinados en democracia, en su mayoría impunes. También dirigió la palabra  Viviana Alegre acompañada por los padres de Jorge Reina. Y reclamaron  justicia para que haya Nunca Más.

En la zona de la catedral se produjeron unos hechos de violencia y pintadas en edificios públicos que fueron repudiados por la organización mediante un comunicado.

El encuentro continuó con un festival musical con la actuación de varias bandas como Rimando Entreveros, Damián y la Tribu cuartetera y se anunció la presencia de Carli Jiménez.

Participaron 50 organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales, agrupaciones estudiantiles, políticas y barriales, y algunos partidos políticos. Entre ellas: CTA, AMMAR, Correpi, Foccof, Ex Presos Políticos, Familiares, Abuelas de Plaza de Mayo, agrupaciones kirchneristas, ambientalistas y asambleas barriales.